El Pleno da luz verde al pliego que contempla la prestación de servicios como la recogida y distribución de donaciones de alimentos, así como acciones para favorecer la inserción sociolaboral y para luchar contra la soledad no deseada Francisco Salado destaca que esta iniciativa será un ejemplo de que la colaboración entre instituciones, entidades privadas y organizaciones sociales ayuda a construir una provincia más justa e igualitaria
El Pleno de la Diputación ha aprobado hoy el inicio del procedimiento para la contratación del proyecto Málaga no caduca, que consiste principalmente en el aprovechamiento del excedente de la comida elaborada generada sobre todo en el ámbito hotelero y de la restauración.
Se trata de la contratación de diversos servicios (recogida y distribución de las donaciones de alimentos, acciones para favorecer la inserción sociolaboral y actuaciones para luchar contra la soledad no deseada) por un máximo de 10 millones de euros durante un plazo de cinco años con los que se pretende llegar a unas 40.000 personas en situación de vulnerabilidad.
Antes del inicio de la sesión plenaria, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; el portavoz del PP, Cristóbal Ortega; la viceportavoz del PSOE, Antonia García; el portavoz de Vox, Antonio Luna; y el portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, ha informado sobre el avance de la iniciativa, que ha calificado como “un proyecto pionero, ambicioso y revolucionario para transformar la abundancia en alimentaria en solidaridad”.
“Con la puesta en marcha del proceso de contratación -ha añadido- iniciamos el camino para convertir en realidad este innovador sistema colaborativo con el que queremos abordar uno de los retos más importantes de nuestra sociedad. De esta forma, la Diputación de Málaga volverá a convertirse una vez más en referente de innovación en el ámbito social”.
Tras la aprobación por el Pleno, el pliego de prescripciones técnicas de este proyecto se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se ha establecido un plazo de presentación de solicitudes de 30 días naturales, y, según ha explicado Salado, por informes preliminares y sondeos de mercado, hay constancia de que hay entidades interesadas tanto para proveer los servicios como para financiarlos (inversores sociales).
“Confiamos en que a finales de enero o primeros de febrero podamos poner en marcha este proyecto, uno de los hitos de este mandato. Estoy convencido de que será un éxito. Un éxito colectivo, porque quiero resaltar que contamos con la participación y el apoyo de la Universidad de Málaga, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios, el Banco de Alimentos y colectivos como el hotelero (Aehcos) y el hostelero (Mahos)”, ha subrayado.
Contrato de impacto social
El proyecto de Málaga no caduca se llevará a cabo como un contrato de impacto social, en el que el pago se hace en función del éxito y de los resultados obtenidos. “Es una manera de aportar soluciones diferentes e innovadoras a un problema social, haciendo cosas diferentes a las que se hacen hasta ahora y con la alianza y la implicación de entidades públicas, privadas y sociales para financiar y ejecutar las actuaciones”, ha recalcado.
Será el primer contrato de impacto social que se acometerá en España y, al respecto, Francisco Salado ha incidido en que hay que sentirse muy orgullosos de que, desde la Diputación de Málaga, con el respaldo y el apoyo de todos los grupos políticos, se pueda contribuir a paliar un grave problema social: el hecho de que cada año se tiren en la provincia decenas de miles de toneladas de alimentos que están en buen estado.
Este proyecto posibilita que el conjunto de establecimientos del sector de la alimentación pueda efectuar, de manera eficaz y en condiciones seguras, sus donaciones en favor de Bancosol para atender a personas en riesgo de exclusión social.
Además, se hará una intervención interdisciplinar, porque no solo se quieren mejorar las condiciones alimentarias de personas en riesgo de exclusión social, sino también se pretende facilitar su inserción laboral y evitar la soledad no deseada.
El proyecto se gestionará a través de una plataforma tecnológica que pondrá en contacto a todos los intervinientes: administración pública, sector privado y beneficiarios, todo ello con la participación también de Bancosol.
“Estoy convencido de que será un ejemplo de que la colaboración entre instituciones, entidades privadas y organizaciones sociales nos ayuda a construir una provincia mejor, más justa e igualitaria”, ha concluido Salado.
Fuente: www.malaga.es