Es difícil ser malagueño y no contemplar con tristeza la situación de un símbolo de la provincia como es la del parque Tívoli World de Benalmádena. Después de 49 años de existencia, el año pasado declaró el concurso de acreedores, dejando a sus decenas de trabajadores en una angustiosa situación.
Diversos partidos y representantes políticos han mostrado su comprensión hacia la situación del parque y a sus trabajadores, realizando comunicados y enviando mensajes de apoyo. En este contexto, el Ayuntamiento de Benalmádena aprobó el pasado mes una moción para manifestar “su voluntad inequívoca en la protección del parque de atracciones”, solicitando además que la calificación urbanística de sus terrenos pasasen a considerarse “equipamiento metropolitano de carácter cultural y de ocio”. Dicha moción contó con los votos favorables de PSOE, PP, Cs e IU. VOX se abstuvo, y subió un comunicado a RRSS firmado por la Portavoz Municipal, Gema Carrillo, explicando los motivos de dicha abstención.
En este artículo he querido analizar las razones de fondo de dicha abstención, y si está justificada o no. Porque sin conocer mucho más, podríamos responsabilizar de la situación a la irrupción del COVID-19. Pero no, los problemas de Tívoli se remontan mucho más atrás, en una contienda entre dos partes en la que gane quien gane, los perjudicados serán los trabajadores.
De una parte tenemos al empresario cordobés Rafael Gómez, también conocido como Sandokán. En 2017 declaró en sede judicial que “no sabía escribir, casi tampoco leer y ni siquiera sabía lo que era el IRPF”. Sin embargo, eso no ha impedido que sus empresas hayan dejado deudas a la Agencia Tributaria por un importe superior a los 200 millones de Euros.
El Sr. Gómez compró Tívoli World en 2004. Lejos de pretender emular a Walt Disney, sus intenciones incluían la construcción de multicines y un área comercial en lo que denominó «Centro de ocio Tívoli», que como muestran las fotos de su presentación tenía poco que ver con un parque de atracciones y bastante más con un centro comercial.
La otra parte es el Grupo Inmobiliario Tremón. Al igual que las empresas de Sandokán, también fueron víctimas de la explosión de la burbuja inmobiliaria. En 2008 presentaron declaración de insolvencia con un pasivo exigible de más de 1000 millones de Euros y que presumiblemente se saldará con pérdidas del 99% para sus acreedores (mayoritariamente, cajas y bancos españoles que tuvieron que ser rescatados con dinero público).
Acuciado por las deudas, en 2007 Rafael Gómez vendió Tívoli al Grupo Tremón por una cantidad cercana a los 15 millones de Euros. Sin embargo, debido a problemas legales, Tremón no recibió la propiedad. La operación de compraventa quedó en un limbo legal a la espera de una decisión judicial y el Sr. Gómez continuó gestionando el parque. A pesar de ello, Tremón mostró en 2017 sus planes de futuro para Tívoli. Sus intenciones eran construir varias salas de cine, 57.000 metros cuadrados de zonas comerciales y un hipermercado. Al igual que el proyecto del Sr. Gómez, aquí también se trataba de algo muy cercano a un centro comercial.
La gestión durante la pasada década de Tívoli World por parte de Rafael Gómez ha sido lamentable. Las pasadas promesas de inversión para la modernización del parque quedaron en nada, y en 2011 solicitó un ERTE para la mayor parte de la plantilla. Sin embargo, esto no fue lo peor, porque también dejaron de atender sus compromisos fiscales frente a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y al propio Ayuntamiento de Benalmádena.
Un aviso en toda regla de esta mala gestión se produjo el 22 de enero de 2016. En uno de los primeros Consejos de Ministros celebrados tras las elecciones generales de diciembre de 2015, el gobierno encabezado por el PP de Mariano Rajoy aprobó sancionar a Tívoli con 871.841 € por sus incumplimientos con la Seguridad Social.
Si hubiera existido voluntad política, esta sanción debería haber llamado la atención de esos mismos partidos que 5 años después encabezan manifestaciones y firman comunicados de apoyo. Pero no. El gobierno nacional del PP se limitó a ratificar la multa y no hacer nada más. Al mismo tiempo, el gobierno municipal del socialista Víctor Navas (PSOE-IU) miraba hacia otro lado mientras se acumulaban impagos de tasas municipales. ¿Y desde la Junta de Andalucía? No hubo más que silencio. Posiblemente estuvieran más preocupados en gestionar la repercusión mediática de los escándalos de los cursos de formación, ERES, Invercaria o que se hubiera utilizado dinero público para pagar prostitutas y droga. Suficiente como para pretender que investigasen qué estaba sucediendo en un Parque de Atracciones a 220 Kilómetros de Sevilla.
Y así es como llegamos a la lamentable situación actual. Después de más de una década de incumplimientos tributarios, la deuda acumulada con el estado y otros acreedores supera los 11 millones de Euros. No es que la gestión del parque haya sido lamentable, sino que hace más de un lustro ya era evidente que suponía un delito fiscal contra la Hacienda Pública. Y no, ningún partido hizo absolutamente nada cuando todavía se estaba a tiempo de reconducir la situación, por lo que la solución no puede pasar por obviar su incompetencia inyectando dinero público al igual que ya sucedió anteriormente en Isla Mágica o en Terra Mítica. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la moción apoyada por todos los partidos excepto VOX se percibe como un ejercicio de propaganda carente de utilidad real, destinada a tapar la incompetencia de dichos partidos tras haber estado muchos años mirando hacia otro lado.
Llama poderosamente la atención que, desde el Ayuntamiento de Benalmádena, soliciten ahora una recalificación de los terrenos del parque para evitar la construcción de unas viviendas que nunca nadie ha planteado construir, pero que casualmente sí ampararían la edificación de un centro comercial. Sobre todo si tal y como publicó SUR en 2017, ya entonces el alcalde Víctor Navas (PSOE) se había reunido con Tremón en al menos cuatro ocasiones para negociar el precio del aumento del volumen de edificabilidad, con vistas a que el consistorio obtuviese una importante cantidad en concepto de licencias de obras y otros impuestos.
Tívoli es un parque privado. Su futuro será el que decidan sus dueños, y todo hace presagiar que está destinado a convertirse en algo muy diferente al parque que sin duda recordaremos con nostalgia. Pero en este proceso, Tremón deberá respetar los derechos de los trabajadores, a la vez que asumir y liquidar todas las deudas contraídas. Si tal y como afirmó el administrador concursal el parque fue rentable en 2020, no hay motivos para que las consecuencias de una pésima gestión las asuman los trabajadores o todos los contribuyentes.
¿Está justificada la abstención de VOX en toda esta pantomima política? Total y absolutamente. VOX merece recibir mi enhorabuena por actuar con responsabilidad y no apoyar propuestas demagógicas para resolver un problema real, dejando de lado el titular fácil para que otros puedan tratar de engañar a la opinión pública de que las consecuencias de tanto mirar para otro lado no se podían prever.
Es más, en medio del enorme despliegue mediático que el resto de partidos han montado para disimular su incompetencia, es justo felicitar a Gema Carrillo porque ha demostrado ser la única con el coraje suficiente como para decir lo obvio y evidente: que la situación es compleja y debe ser estudiada con rigor. No debe ser fácil ser la única voz que grita que el emperador está desnudo, pero nos iría mucho mejor si contásemos con una Sra. Carrillo en todos y cada uno de nuestros ayuntamientos.