El Proyecto de Ley de Concordia de Castilla y León que deroga la de memoria histórica, sin perjuicio de los matices que introduce como incluir la Segunda República en el ámbito de la investigación de los restos y fosas de víctimas, sigue haciendo política con la historia al continuar con obsesión de inversión de dinero público de los impuestos de los españoles en la búsqueda fosas de esta época de nuestra historia, algo que no debería ser objeto de ninguna Ley ni tampoco formar parte del gasto público de un país con una deuda que supera el billón de euros. En todo caso, el que siga existiendo dicha Ley parece que es fruto del consenso al que se ha podido llegar entre Vox y el PP, más propenso a estas «políticas memorialistas». El objeto de esta Ley es el siguiente:
Artículo 1. Objeto y finalidad. 1. De acuerdo con los principios y el ámbito territorial y competencial establecidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, esta ley tiene por objeto establecer el marco normativo favorecedor de la concordia en la Comunidad de Castilla y León. 2. A efectos de esta Ley, se entiende por concordia el valor que, sirviendo de base a la superación del pasado histórico, al entendimiento entre iguales, al logro de un mayor bienestar social y al reconocimiento y aceptación de otras maneras de pensar, permite preservar, mantener y reforzar la convivencia, el respeto y la tolerancia actuales de todos, en desarrollo de los principios democráticos recogidos en la Constitución española. 3. De manera específica, la finalidad primordial de la ley es delimitar la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para: 1. La determinación de los instrumentos de colaboración para favorecer la concordia. 2. La difusión de los valores constitucionales y libertades y derechos fundamentales al servicio de la concordia entre los ciudadanos. 3. El reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978.
Hay que tener en cuenta que en los años sesenta, declarados prescritos todos los delitos cometidos durante Segunda República y la Guerra Civil, los españoles se encontraban totalmente reconciliados salvo una mínima y reducidísima parte que no compartían la España del desarrollo y de forma valiente luchó por la «dictadura del proletariado» comunista, como la que por entonces tenía la Unión Soviética. Fue precisamente gracias a esa reconciliación por la que a la muerte del Jefe del Estado en 1975, los españoles no tenían ninguna voluntad, ni de volver a la convulsa Segunda República ni menos aún a la Guerra Civil, y por eso precisamente se aprobó por un 94,17 % la Ley Franquista «Ley para la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política», por la que aquellas cortes acordaban iniciar un trámite de un Estado Autoritario a un Estado Democrático.
Cuestión distinta es que se quiera promover la concordia frente a la discordia promovida por las leyes de memoria histórica, aunque para ello no hace falta aprobar una Ley, sino simplemente aplicar políticas guiadas por la equidad, la justicia y la igualdad entre españoles, cuando se trata de poner o quitar calles o de desenterrar a los fallecidos durante la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo, que no todos pueden considerarse víctimas, porque no hay que olvidar que en ambos bandos se aplicó la ley vigente en la comisión de delitos, y en muchos casos, se aplicó de forma justa y proporcionada la pena capital.
Por ello, dada la enorme complejidad del término «víctima», no debería utilizarse dado que englobaría a muchos fusilados por cometer violaciones, torturas y asesinatos, siendo más correcto el término de «fallecido», que no implica ninguna connotación de justicia o injusticia sobre su fallecimiento, siendo lo más cristiano, devolver los restos de todas los fallecidos a sus familiares, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, porque precisamente establecer una causa es precisamente la finalidad política de las leyes de memoria histórica.
En todo caso, es importante tener en cuenta que con una España con más de un billón de euros de deuda, el dinero público no debería invertirse en desenterrar muertos con una clara finalidad política sino en ayudar a los españoles bajando impuestos, mejorando la sanidad, la educación o la justicia.
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