El odio a los cristianos parece que es lo que ha motivado a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera por Izquierda Unida Carmen Flores, a derribar una cruz de la localidad en contra de los sentimientos religiosos de la mayoría de ciudadanos de su municipio y que se implantó como homenaje a los religiosos torturados y asesinados a manos del Frente Popular, algo que parece se pretende se evitar.
Frente a tal actuación tan poco civilizada, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Córdoba contra la alcaldesa de la localidad de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (IU-LV-CA), por derribar una Cruz de la localidad con presuntas irreguladidades.
La organización de juristas acusa a la primera edil de los delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio. Pedirá también su inhabilitación para ejercer cargo público. Ya ha iniciado además acciones por la vía contenciosa por las numerosas irregularidades cometidas.
Denuncia que “la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en pleno ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal”.
Se trata de la Cruz del Llanito de las Descalzas, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural en 1983.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, desvela que “la propia alcaldesa ha reconocido que desde Cultura les han dicho que no pueden demoler la Cruz amparándose en la Ley de memoria Histórica, lo que evidencia que la decisión de derribo del monumento parte de la discriminación y animadversión de la mandataria hacia los cristianos”.
Castellanos critica que, con esta acción, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera lo único que ha buscado es “acabar con un símbolo cristiano, tal y como hemos visto en otras localidades gobernadas por los mismos partidos”.
En este video, Flores viene a reconocer la falta de amparo del derribo de la cruz en la «Ley de Memoria Histórica», que ensalza como demócratas a los comunistas que pretendieron implantar una dictadura comunista en España y que por tanto es una Ley contraria a la Resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019 que insta a los Estados a no ensalzar los totalitarismos nazi y comunistas por los crímenes cometidos a lo largo de su historia.